Fallo reafirma la posición de EP Petroecuador respecto a demanda presentada por la comunidad de Pacayacu

Los habitantes de la comunidad de Pacayacu presentaron una demanda contra EP Petroecuador por una supuesta contaminación ambiental causada por la operación petrolera que desarrolló, en ese entonces, Petroproducción; EP Petroecuador impugnó el trámite pues debía ser un juicio de tipo especial (verbal sumario) ante el Presidente de la Corte Provincial de Justicia que corresponda, según ordena la Ley de Gestión Ambiental.

En el juicio contencioso administrativo presentado por el señor Fernando Sarzosa, en calidad de representante y apoderado de varios habitantes de esa comunidad, el Tribunal negó la demanda presentada en noviembre 17 de 2008.

Ante esto, el señor Sarzosa impugna esta decisión a través de los recursos de casación y de hecho. La Sala de Jueces Temporales de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia resuelve, el 8 de mayo de 2013, conceder lo solicitado por el señor Fernando Sarzosa y revocar el fallo del inferior. Se aceptó parcialmente la demanda.

En consecuencia, EP Petroecuador presentó la Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional. El 13 de enero de 2016 esta Corte resolvió a favor de EP Petroecuador y concedió la Acción Extraordinaria de Protección determinando que la Sala de la Corte Nacional no aplicó las normas jurídicas pertinentes, así como realizó valoración de pruebas, lo cual se encuentra prohibido en la Ley de Casación. Por lo tanto se dejó sin efecto el fallo de casación y se dispone la conformación de un nuevo Tribunal de Casación mediante sorteo, para que dicte un fallo acorde a los derechos constitucionales de EP Petroecuador.

EP Petroecuador, lo único que buscó, como cualquier persona natural o jurídica, fue que las cosas se den de acuerdo la normativa legal vigente, la cual brinda a los demandados la oportunidad de presentar sus pruebas y, de ser el caso, de dialogar.

La petrolera pública siempre es respetuosa de lo que determinan las leyes ecuatorianas y los derechos ciudadanos. Por tanto, también exige que sus derechos sean respetados y que, en el caso Pacayacu, se respete el debido proceso. No pide un trato especial, quiere que sus argumentos sean escuchados dentro del marco jurídico vigente que corresponde.